No es el virus, es la xenofobia

Pedro fue abandonado en medio de la carretera de Nuevo Laredo a Saltillo a la una de la mañana con su esposa, sus dos hijos y cinco migrantes más. Habían solicitado asilo en Estados Unidos pero los regresaron a México para seguir su trámite. Era la segunda vez que Pedro había sido retornado del norte, su primera experiencia fue más trágica: sufrió un secuestro de casi dos semanas en Nuevo Laredo por parte de miembros del crimen organizado que le cobraron 3 mil dólares a su familia en Estados Unidos.

Aún así, al regresar a su cita en el puente fronterizo de Laredo para revisar el estatus de su solicitud de asilo, le dijeron que tenía que quedarse en México a esperar, que como el secuestro había sido en Nuevo Laredo podía quedarse en cualquier otro estado que no fuera Tamaulipas.

Cuando el chofer del camión del Instituto Nacional de Migración (INM) quiso cobrarles 8 mil pesos para dejarlos en Monterrey, Pedro sí quería pagarlos, pero los demás se negaron. Por eso los de migración los dejaron a media carretera en la madrugada. No sería la primera vez que los camiones del INM abandonan migrantes en medio de la nada o en una ciudad desconocida. En julio de 2019, varios autobuses (con alrededor de 450 personas) fueron abandonados en dos centrales de Monterrey; igual que a Pedro, los habían regresado de Laredo. Y el pasado 8 de abril migración dejó a otros 480 en la frontera de México con Guatemala. Los iban a deportar, pero el país centroamericano cerró sus fronteras por la pandemia.

Después de este segundo retorno, Pedro decidió dejar de intentar. Y como no puede volver a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega lo persigue, pues decidió solicitar refugio en México, el país donde sufrió un secuestro.

Yo hablé con Pedro —cuyo verdadero nombre no es Pedro, pero prefirió ocultar su identidad por temor a las represalias— a mediados de marzo, cuando la pandemia del COVID-19 apenas estaba llegando a este continente. Los casos de infectados en Centroamérica se contaban con los dedos. Algunos países de la región ni siquiera habían registrado contagios. Pero el presidente de Estados Unidos ya empezaba a hablar del cierre de la frontera para los migrantes.

Un mes después, en abril, el virus se convirtió en el pretexto perfecto: “A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los empleos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses, estaré firmando una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos”, tuiteó Donald Trump el pasado 20 de abril, haciendo una barata relación entre los males que aquejan a su país con lo que viene de fuera, lo que traen los extranjeros, el “virus chino”.

La de por sí endurecida política migratoria de Trump, se volvió despiadada: nadie, por más de dos meses, puede solicitar una residencia temporal o green card. Y los trámites de asilo que estaban en proceso, se detuvieron.

Más de 60 mil migrantes que buscan asilo en dicho país ya habían sido forzados a esperar en México mientras su estatus se resolvía. Esto, resultado de los llamados Protocolos de Protección a los Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), también conocidos como la política del Remain in Mexico o quédate en México. Algunos están en campos de refugiados en ciudades fronterizas, otros se movieron a ciudades norteñas con más oportunidades de trabajo y menos violencia como Monterrey y Saltillo.

¿Qué va a pasar con todos esos migrantes? Sin duda, a México, le guste o no, le tocará resolverlo. ¿Y qué está haciendo la 4T? Pues parece que no mucho. Amnistía Internacional envió una carta al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, solicitándole la liberación de los migrantes que se encuentran en las estaciones migratorias. “La falta de una respuesta contundente del Instituto Nacional de Migración para proteger la vida y salud de las personas en detención migratoria es sumamente alarmante”, menciona en la carta Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Algo similar pasa en Estados Unidos: organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que trabajan en la frontera, como Pueblo sin Fronteras, han denunciado las condiciones negligentes en que el gobierno de dicho país tiene a los migrantes en los centros de detención. El pasado jueves 16 de abril se dio a conocer que al menos 44 migrantes que fueron deportados de Estados Unidos a Guatemala, dieron positivo en la prueba de COVID-19.

Y puede que eso mismo esté pasando ahora con las deportaciones que está haciendo Estados Unidos a México. Y aunque la retórica de Trump encuentra en los migrantes el chivo expiatorio perfecto, es claro que su gobierno es el responsable de la exposición que han sufrido. Y por supuesto también es responsable de seguir deportando, en plena pandemia, a solicitantes de asilo que habían salido huyendo de países con altos índices de violencia, pobreza y sistemas de salud insuficientes.

La política migratoria de Trump está siendo criminal durante una crisis sanitaria. Esta “suspensión temporal” de la inmigración es muy probable que incida en la cantidad de solicitantes de asilo en México, es lo que dicen directores de albergues y organizaciones defensoras de derechos humanos como la Casa del Migrante de Saltillo y Casa Monarca. Desde el año pasado se había registrado un incremento en estos trámites. Esto, no es que sea malo, pero sin políticas públicas adecuadas ni un presupuesto destinado, traerá mayor incertidumbre a los que esperan y, muy probablemente, tendrán que quedarse en México.

Es un reto para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que lo pone en una disyuntiva: copiar la mezquindad de la administración Trump o tener una política adecuada de refugio durante la pandemia, ¿hacia donde te parece que va este gobierno?