El apedreo del ‘rancho’ y otras confusiones

¿De qué le sirve al regio ganar el mundo entero, si se pierde a sí mismo? Orgullosos de su tierra linda y sultana, conocedores de su potencial emprendedor, presumidos de sus magnánimos equipos de fútbol local, su industria y su producción cárnica y parrillera…, de un tiempo para acá, la comunidad regiomontana se ha convertido en blanco fácil de críticas y chistoretes.

Nuevo León se ha ganado a pulso ser el punching bag favorito de quienes defienden causas progresistas. Créanos, we feel you. Hoy somos el hazmerreír nacional en redes sociales, teniendo la sensación de que sería preferible habitar en un lugar inexistente como Tlaxcala, o bien hacer vida en Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, o Ecatepec (😜), antes que en Monterrey.

La animadversión a lo regio se alimenta en buena medida (y perdón por la referencia futbolera pero crecimos escuchando RG la Deportiva) de una actitud Americanista que retoma aquel eslogan de “ódiame más”. Esta excepcionalidad y altanería regiomontana tiene una postal de referencia: la frase «Monterrey es un rancho...» acompañado de una foto retocada del skyline nocturno de la zona con mayor número de edificios nuevos altos. Material suficiente para que sicarios del Twitter, traficantes de memes e influencers de moda hagan ver diminuta a una sociedad presumida y presuntuosa que, a pesar de su autoproclamación como la gran ciudad (el municipio modelo, la joya de la corona, el baluarte del norte, las mejores ciudades para vivir), se mantiene socialmente retrógrada, homófoba, clasista, conservadora, mocha, o incluso hasta incestuosa.

Si bien la popular animadversión hacia lo regio se puede remontar a La Sopa (los más exquisitos dirán que desde el echeverrismo), la burla se ha canibalizado en la hermosa República de Twitter gracias a la actuación de la Septuagésima Legislatura del Congreso de Nuevo León: primero al aprobar la modificación al artículo 1° de la Constitución del Estado («en NL el inicio de la vida ahora ocurre desde el momento de la concepción y termina con la muerte natural», como publicamos en su momento), y en días recientes a raíz de la confusa interpretación de la aprobación de iniciativa de reforma en torno a la objeción de conciencia del personal médico y enfermería.

Cabe aclarar que estos bochornosos episodios no se dan en una burbuja congresional, sino que forman parte de una dilatada tradición conservadora de la sociedad nuevoleonesa. Por si quedaban dudas, en septiembre pasado El Financiero publicó una encuesta nacional en torno a tres temas: derecho al aborto, matrimonio entre homosexuales y consumo legal de la mariguana. Los resultados se pueden leer como un ranking del conservadurismo, en el que Nuevo León sobresale entre los primeros lugares, rebasando incluso la media conservadora nacional.

En ese espejo se refleja la actuación de la Septuagésima Legislatura del Congreso de Nuevo León. Sin embargo, en el tema de la objeción de conciencia y los médicos, ha circulado mucha información falsa y verdades a medias sobre lo que sucedió.

Para empezar, la votación ocurrió el 15 de octubre y la iniciativa de reforma circuló en el Congreso de Nuevo León desde principios de mes. Aquí habrá que destacar que no es propiamente un tema partidista, pues diputados y diputadas del PRI, PAN, MC, MORENA y PT votaron a favor.

Uno de los principales motivos que expusieron los legisladores para reformar la Ley Estatal de Salud de Nuevo León e impulsar el tema de la objeción de conciencia evoca, precisamente, a la Ley General de Salud, en su artículo 10BIS, la cual fue reformada desde 2018 y que obliga a adecuar las legislaciones estatales a todos los Congresos de los Estados de la República. Es decir, ¡la objeción de conciencia para los médicos no es un tema exclusivo de los regios sino de todo México! De hecho, ya hay diversos Estados que la incluyen en su legislación.

Contra esto, que a todas luces tiene problemas de constitucionalidad por su posible afectación a otros derechos (como vida, salud, los derechos sexuales y reproductivos, integridad personal o seguridad jurídica), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad que actualmente se encuentra en la Suprema Corte (SCJN) para que se pronuncie al respecto.

Lo curioso, o lo hipócrita, es que los diputados de Nuevo León que votaron a favor suscribieron el argumento de que lo ordena la Ley General (que rige para todo México), a pesar de que está controvertida en la SCJN e incluso fuera del plazo que marca el transitorio para adecuarla. O sea, en un escenario ideal, si la Suprema Corte declara inconstitucional la objeción de conciencia en la Ley General, los diputados de Nuevo León tendrían que tener congruencia y volver a reformarla.

Ahora bien, sobre el escándalo con el tema de la discriminación para la comunidad LGBTT, el problema es que la reforma deja el tema bastante abierto y no establece algún tipo de obligación al Estado para garantizar que exista personal no objetor en caso de que algunos médicos ejerzan dicha posibilidad. Y es que por más que exista un segundo párrafo que limita la objeción de conciencia para casos de riesgo o de urgencias, su redacción posibilita que algunos diputados claramente antiderechos se aprovechen de la misma y generen confusión.

La objeción de conciencia como tal es uno de los temas más complejos de tratar desde el Derecho y la moral por sus implicaciones personales y respecto a terceros. La forma tan alegre y liviana como lo han tratado los legisladores resulta verdaderamente vergonzosa, uno de los principales problemas de esta legislatura es que parece como si estuvieran exclusivamente legislando para sus followers, o peor, como si estuvieran generando content para sus seguidores. Las discusiones en el pleno sobre estos temas controvertidos son superficiales, quizá porque los views del streaming en vivo del canal del Congreso local en YouTube no se comparan con el engagement que generan en sus cuentas de Facebook, Instagram o Twitter. Inspirados quizá por la escuela que dejó el ahora senador Samuel García, diputadas y diputados anhelan ser el influencer político del momento. Todo gira alrededor de sus actividades brandeadas, de la foto del servidor público atendiendo al ciudadano, de la producción de un clip de video “explicativo”, de memes con pésimo sentido del humor. Vale la pena llamar la atención de algunos de los más vocales en sus funciones influenceriles como diputados: Luis Susarrey (PAN), con su programa Perfiles 18 en YouTube; y Claudia Caballero (PAN), organizando giveaways de boletos de eventos y otros regalos en Facebook.

Ojalá se discutiera y se legislara la objeción de conciencia a través de un debate amplio e informado pero, sobre todo, incluyendo a los profesionales involucrados en el tema. Sin embargo, esto no será así, ya que simple y sencillamente no hay voluntad, como tampoco la hubo cuando los diputados decidieron modificar el artículo 1° de la Constitución del Estado, empujados por una agenda regresiva con base en su conciencia religiosa; y así, sin más, los influencers políticos decidieron que la vida comenzaba en la concepción, dándose a la tarea de escenificar un espectáculo en el Congreso plagado de teatralidad ornamental que fuera suficiente para compartir en redes; empaquetado, brandeado, COMPARTE // DIFUNDE. Entonces como ahora, la mala técnica de los legisladores, su avidez mediática por ser populares y replicar a escala el modelo de Samuel García, no hacen otra cosa más que enturbiar el ambiente.

No cabe la menor duda de que es bien fácil burlarse del concepto Monterrey. Ahora bien, pasarse tanto de lanza con los regios en busca de likes, la risa fácil y las bromas sin saber cómo es la legislación o qué partido impulsó esto en otros Estados de la República, o bien ignorar que este tema en particular es de carácter federal, es más o menos lo mismo que le criticamos a nuestros influencers políticos.

A pesar de todo, existe mucha gente trabajando por hacer de Monterrey una mejor ciudad. Un poco en ese tono abrimos el 2018 reconociendo apenas una parte de esos esfuerzos por hacer de Monterrey una mejor ciudad, más incluyente, tolerante y menos clasista.

No nos hagamos, cuando se apedrea o se alaba al ‘rancho’, así de manera peyorativa, se parte de una concepción chilangocentrista y de un falso anhelo de superioridad urbano-estético regiomontano que sólo provoca más confusión. En definitiva, estas confrontaciones serán provechosas para la economía de los likes, generarán alegrías en la República de Twitter..., pero la realidad es un poco más compleja y la lucha por los derechos, a nivel nacional y en particular en Monterrey, es cuesta arriba. Mientras tanto, quienes seguimos aquí, regios o adoptados, tenemos buen reba pero sonreímos preocupados por los retrocesos.

Nota: El 24 de octubre (2019), El Norte publicó una nota titulada «Van por objeción de conciencia en matrimonios igualitarios», en donde se plantea que la cruzada del diputado favorito de la facción intolerante de la sociedad regiomontana, Juan Carlos Leal (ex miembro de la fracción parlamentaria de MORENA, hoy en el PES), pretende ampliar la objeción de conciencia más allá del tema de la salud para vulnerar otros ámbitos de la vida de las personas. Leal se ha convertido en el soldado más fiel del conservadurismo regio, no sólo abanderando sino presentando en el pleno del Congreso local las causas más retrógradas que aseguren la “tranquilidad” de las familias “naturales” de Nuevo León. El diputado en cuestión se ha ganado el reconocimiento (a.k.a. desprecio) nacional por su intensa actividad tuitera; ha demostrado en redes sociales estar a favor de políticas antiderechos impulsadas por Jair Bolsonaro, por ejemplo. Como anécdota adicional, hasta Fernanda Familiar —así es, hasta Fernanda Familiar— lo ha criticado públicamente. Pues bien, el diputado Leal pretende hacer una propuesta de reforma al Código Civil para que, según lo que publica El Norte, la objeción de conciencia proceda en casos de:

• Terminación legal del embarazo, salvo que el diagnóstico establezca que peligra la vida de la madre o en caso de violación.
• La unión de personas del mismo sexo para la adquisición de estado civil.
• La adopción o tutela de menores por parte de parejas del mismo sexo.
• Modificación de acta de nacimiento respecto al género.
• Divorcio sin causales.
• La voluntad anticipada de un individuo (¿?) — suponemos que se trata de eutanasia.

Las propuestas no deberían de pasar ni en el peor de los escenarios. Lo que sí reflejan es el avance de la agenda intolerante de un sector de la sociedad regia cuya fuente de información son cadenas y memes de fetos y cigotos en WhatsApp. Un sector de la población que está convencida que George Soros está financiando el Nuevo Orden Mundial para imponer la ideología de género (por citar algunos de los keywords que utilizan y que repiten, eso sí, como un rezo). El problema es que tienen representación en el Congreso, son los followers de los diputados influencers. La pesadilla es que todavía hoy, en pleno 2019 y a juzgar por el historial de la Septuagésima Legislatura, no tenemos la categórica certeza de que los delirios del Frente Nacional por la Familia —y agrupaciones similares— no se hagan ley.