Los consumidores de droga no son criminales

“Sino nos ven, seguro nos huelen”, dijo Mafer Ferrusca, una estudiante de comunicación y consumidora de cannabis, cuando la entrevisté en el #Plantón420. Cada jueves, desde septiembre de 2019, se reúnen decenas de personas como ella a las puertas del Senado. Entre presentaciones musicales y conversatorios promueven el autocultivo y el consumo responsable de marihuana. Piden su regulación. Por supuesto, fuman marihuana.

Ese es el punto: que la gente los vea fumar y se de cuenta de que son personas como cualquiera, con trabajos, productivas para la sociedad; que dejen de relacionar el consumo con la criminalidad, que ya no les vean como enfermos, vagos. Despatologizarlos, pues.

Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un conservador cuando habla de drogas: ha hecho una nefasta relación entre la criminalidad y el consumo de éstas. No sólo dice que los criminales que participan en enfrentamientos “por lo general son gentes drogadas, eso está probado” —aunque nunca presenta las pruebas— sino que también suelta la cifra —que, en teoría, es privada porque sólo se saca de carpetas de investigación y dictámenes periciales, según México Evalúa— de que el 60% de las personas asesinadas en enfrentamientos “estaban bajo el influjo del alcohol o las drogas”.

Total, que las drogas matan y te “exponen” a morir.

Por posturas como estas, mas que un presidente de izquierda y liberal, López Obrador parece un predicador evangélico: le encanta reivindicar los “valores” y la “moral”, no tiene una postura definida del aborto y no le molesta evocar a Dios y a la Virgen. No hay que olvidar su relación con los evangélicos desde el Partido Encuentro Social, los mismos que encabezan marchas del Frente Nacional de la Familia y que muchos activistas de la comunidad LGBTQ llaman “antiderechos”.

Independientemente de las creencias del presidente, ¿es esto cierto? ¿Existe una relación entre el consumo de drogas y la criminalidad? Volvamos a las puertas del Senado, donde cada jueves decenas de consumidores de cannabis se reúnen a fumar la yerba. A la fecha, en esos más de 20 jueves, no se ha registrado ningún crimen en los plantones.

Esas “gentes drogadas” conviven con los que ingresan al Senado, en paz. Invitan a los pasantes a escuchar los beneficios de discriminalizar la marihuana, incluso otras drogas.

El presidente ha visto una ruta efectiva en culpar al consumo de drogas y alcohol de los serios problemas estructurales y de descomposición social que vive el país. Pero varios expertos en México se han pronunciado por la despenalización del cannabis y otras drogas como una forma de disminuir la violencia vinculada al narcotráfico. Según un estudio del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la relación entre las drogas y el crimen, esta vinculación «debe ser interpretada de forma cautelosa», debido a que normalmente cuando alguien comete un crimen intervienen diversos factores; es decir, no es la droga la que define si la persona lo comete o no, y en muchas ocasiones los criminales usan el recurso de que estaban drogados para tratar de minimizar sus actos ante los jueces.

Pero, ¿debería preocuparnos que el presidente tenga una visión tan conservadora del fenómeno de las drogas y sus consumidores? En un sexenio que arrancó su primer año con la cifra de homicidios más alta en dos décadas, 34 mil 582 muertos en 2019, las promesas sobre la despenalización de las drogas que planteó en un inicio la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, daban esperanza.

Sin embargo, los avances en la legislación que se trabaja en el Senado asoman los tintes conservadores del presidente y algunos personajes de su partido, Morena: en información que publicó el Excélsior sobre el proyecto del dictamen para despenalizar el cannabis, se estipulan sanciones como multas de 3.4 millones de pesos o hasta 10 años de cárcel (!) para los que consuman marihuana en la vía pública. Una criminalización a los consumidores que algunos colectivos, como la Fundación Ananda, ya reportaron como un foco rojo.

La postura del presidente sólo hace creer que la exministra de la Corte topó con pared en su impulso por despenalizar las drogas.

El mayor problema que tiene México relacionado con las drogas no es el consumo, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde casi 20 millones de personas registraron un desorden vinculado al consumo de sustancias en 2017; en México, el número de consumidores de sustancias adictivas es de 2.2 millones. Según la lógica del presidente, un país con más consumidores y adictos a las drogas sería más violento y, sin embargo, sabemos bien cual de estos dos países tiene índices de criminalidad más altos.

Pero AMLO no escucha. Si algo ha demostrado es su cerrazón para dialogar con la sociedad civil crítica, la misma que él representó para otros presidentes y de la que formó parte durante toda su carrera política. Incluso acusa a colectivos de víctimas de la violencia, los señala porque “callaron como momias” en los sexenios pasados y que en lo que va del suyo señalan con especial ahínco la violencia. Esto, salvo el inusual activismo de los expresidentes panistas, tampoco es cierto.

La respuesta no es criminalizar, presidente, menos en un país donde, desafortunadamente, la corrupción no desapareció cuando tomó protesta el 1 de diciembre de 2018. Los países que han regularizado las drogas han reducido sus índices de violencia y de consumo de drogas duras como la heroína, Portugal es un caso de éxito.

En un país que exporta los muertos de una guerra que su vecino del norte decidió comenzar, se necesita una transformación, una visión liberal y progresista de las drogas como la que se esperaría de un presidente de izquierdas. Abril fue el plazo que se pusieron nuestros legisladores para promover una regulación adecuada del cannabis, esperemos que la transformación también llegue a los prejuicios de nuestro presidente y la gente de su partido.