Legalizar la mota, ¿para quién?

Si te han detenido en México, por cualquier motivo, sabes lo intransigente que puede ser la policía. Esa intransigencia es por la que consumidores de cannabis están renuentes a la nueva legislación que regula la marihuana, dictamen que fue aprobado en la Cámara de Diputados en marzo de 2021 y que desde abril sigue varada en el Senado. Un ejemplo de cómo el nuevo proyecto de ley afecta a los consumidores lo dio Iván Almodóvar, del colectivo Club Cannábico Xochipilli, en entrevista para AJ+ Español: “Si tú traías 20 gramos porque te lo permite la ley y el policía llega con otros 20 pues entonces ya va a poder seguir extorsionándote como lo ha venido haciendo durante décadas”.

Desde inicios de 2019, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición del uso recreativo de la marihuana y dio un plazo de tres meses a los legisladores para emitir una regulación. En respuesta, el Plantón 420 se instaló a las afueras del Senado y su protesta no ha cesado, pero la ley sigue sin ser aprobada. Ya van varias prórrogas de la Corte y más de dos años, y aunque el dictamen no despenaliza en su totalidad la marihuana ni cumple a cabalidad con el mandato de la Corte, según México Unido contra la Delincuencia (MUCD), al menos es un primer paso.

El proyecto de ley también preocupa a clubes y organizaciones porque pone topes problemáticos en el número de plantas que se pueden cultivar de forma individual y colectiva. Para miembros del Club Cannábico Xochipilli esto es un retroceso pues actualmente, con los amparos, pueden cultivar más plantas que las que podrían con esta nueva ley. También pone requisitos y barreras para los productores, como comprobar el origen lícito de las semillas y la trazabilidad de la planta, que podrían impedir la entrada de pequeños campesinos, master growers (maestros cultivadores) o de productores que actualmente están en la clandestinidad.

El dictamen que descansa en el Senado tampoco nació directamente de una discusión legislativa o de una iniciativa presidencial, esta ley surgió a golpe de sentencias, gracias a la sociedad civil, al trabajo de organizaciones como MUCD, el Colectivo SMART y otras asociaciones de consumidores que, en su momento, consiguieron un amparo para el autocultivo que se replicó y llevó a la Corte a sentar una jurisprudencia. De este modo, cualquier persona puede tramitar un amparo para el autocultivo en México.

En un país donde un partido de izquierda llegó al poder con mayoría en el Congreso y el Senado y donde, además, había una sentencia de la Suprema Corte que obligaba a la despenalización del cannabis, era de esperarse que los legisladores y el presidente del mismo partido tendrían la voluntad política suficiente para votar y avalar la legalización del cannabis. Pero no fue así, en México la marihuana sigue siendo una sustancia ilegal. Y aunque el coordinador de diputados de Morena, Mario Delgado, presentó desde octubre de 2019 una iniciativa para regular el cannabis, su propio partido no tuvo la voluntad para aprobar esa legislación en el Senado; el coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el dictamen de los diputados tenía muchas inconsistencias a cuatro días de que arrancaran las campañas electorales de 2021.

Sin transformación en la política antidrogas

Andrés Manuel López Obrador prometió sacar al Ejército de las calles pero se volvió el presidente que más presupuesto y atribuciones les dio a los militares en el México moderno. Aunque en el discurso la “Cuarta Transformación” se desprende de la estrategia militarista de gobiernos pasados, en los hechos este gobierno ha duplicado el presupuesto militar que Felipe Calderón (2006-2012) asignó en pleno arranque de la guerra contra el narco: el monto asciende a más de 112 mil millones de pesos en 2021. Ahora no sólo están en las calles haciendo el trabajo de policías, sino que administran recursos, construyen, gestionan.

Quizá fue un error asumir que por ser de izquierda y proclamar un cambio, López Obrador y su partido, Morena, modificarían una estrategia conservadora en materia de drogas, como prometía su progresista secretaria de Gobierno y exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero. En cambio, el presidente ha aprovechado las mañaneras para expresar sus opiniones:

Desde antes de fundar Morena, el presidente López Obrador ya había asomado su conservadurismo (o falta de definición, que para efectos de incidencia política es lo mismo) en otros temas como el aborto, pero en los últimos años ha reafirmado su vocación conservadora en el tema de las drogas y sus consumidores. Su lógica moralista de drogas=crimen pone en un lugar vulnerable a los consumidores y busca justificar una compleja problemática, como es la violencia generada por los cárteles, culpando a los consumidores y señalando a las drogas como entes abstractos que alteran la percepción y transforman a sus consumidores en criminales. No importa si se trata de marihuana, cocaína o metanfetaminas, la ecuación es simple para el presidente: las drogas matan y lo deseable es erradicar su consumo.

Lo cierto es que, independientemente de los daños físicos y psicológicos que pueda generar el consumo desmedido de drogas como el cannabis (relación que todavía se sigue estudiando), la estigmatización de los consumidores y la criminalización del consumo impiden el avance de legislaciones que beneficien a los ciudadanos y no sólo a las grandes empresas.

Tal como está ahora el dictamen de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, la marihuana seguiría siendo una sustancia por la que puedes terminar en la cárcel. Eso sí, se modificarían las cantidades de portación, que serían mucho mayores, pero el hecho de que la portación de una cantidad siga siendo penalizada o sujeta a una multa, deja lugar a la extorsión de policías y autoridades locales.

Dado que la mayoría de los jóvenes consignados por delitos contra la salud normalmente son detenidos por posesión simple de marihuana, valdría la pena cuestionarse hacia dónde debería enfocar los esfuerzos el Gobierno de México: ¿a perpetuar una política antidrogas que ha dejado decenas de miles de muertos en el país? ¿O a probar alternativas para reducir la violencia y dejar de ver a los consumidores como parte del crimen? Hasta que no se avance en legislaciones como ésta, no tendremos respuestas a estas preguntas.