Internet, militarizado

El Ejército está en todas partes: patrullando las calles, en aduanas, construyendo y administrando aeropuertos, bancos, se les da más presupuesto que nunca y gastan más dinero público del que les dan. Una larga lista de responsabilidades que hoy se le confieren a la que es quizás la institución menos transparente de México.

Aún así, los tentáculos de la SEDENA siguen creciendo y llegando a lugares que ni en las más oscuras fantasías de Felipe Calderón habrían llegado: ahora será la institución encargada de llevar internet a todo el país.

“El señor presidente ha instruido a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para sumarse al esfuerzo que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y concretar el programa social de Internet para Todos”, dijo Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, el pasado 27 de agosto en Nayarit. En el encuentro con trabajadores de la CFE el secretario habló del programa Internet para Todos.

El anuncio de la participación del Ejército en el proyecto de llevar internet a todo el país ha encendido alertas entre activistas y organizaciones, que, entre otras cosas se preguntan: ¿por qué tiene que ser esta institución la que haga este proyecto?

“Reducir la brecha digital no es únicamente proporcionarte una conexión de wifi medio estable, se necesita internet de calidad (...) Pero también parte de proporcionar internet es que sea seguro, fiable y no tenemos certeza de que eso vaya a suceder, todo lo contrario, derivado de lo que organizaciones como R3D han sostenido, de lo que se ha visto con Guacamayaleaks, es que esta institución (el Ejército) está sumamente deteriorada y que la privacidad y la protección de los datos de las personas no es su prioridad. Por el contrario, se puede abusar fácilmente de ello, dada su posición y dada la discrecionalidad con que se están manejando este tipo de situaciones”, dijo en entrevista Agneris Samperi, analista de políticas para América Latina y el Caribe de la organización Access Now.

Las revelaciones de Guacamayaleaks han mostrado, entre otras cosas, que el Ejército mexicano contrató a una empresa para espiar a activistas y periodistas con el malware Pegasus. La investigación #EjércitoEspía documentó al menos tres casos de espionaje del Ejército: el del defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos Vázquez; el del periodista y analista, Ricardo Raphael; y el de un periodista de Animal Político que prefirió guardar el anonimato. Este trabajo fue realizado en conjunto por las organizaciones R3D, ARTICLE 19, y SocialTIC, con el apoyo del Citizen Lab (Universidad de Toronto) y en colaboración con los medios Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.

“Desde la óptica de los derechos humanos atravesados por espacios digitales, es preocupante que el Servicio de Defensa Nacional de México haya sido designado para la colocación de infraestructura para brindar el servicio de internet, por un lado, por el amplio récord de espionaje de la SEDENA que salió a la luz tras las filtraciones de Guacamaya, donde queda establecido que en ocasiones no se trataba de labores de seguridad, sino de vigilancia a periodistas y actores de movimientos sociales. Y por otro, porque se espera que parte de las antenas se coloquen en cuarteles y otros espacios controlados por militares, lo que facilitaría la potencial intervención de las comunicaciones”, mencionó en entrevista Ángela Alarcón, campaigner para América Latina y el Caribe de Access Now.

Según información del Gobierno de México, en una primera etapa del programa Internet para Todos se instalarán dos mil 800 antenas que beneficiarían a más de 18 mil poblaciones con 6.4 millones de habitantes. La idea es llegar a comunidades apartadas. Por ejemplo, en el sur y sureste del país se instalarán 873 antenas en más de 5 mil localidades con 1.2 millones de habitantes de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. “Visitaremos comunidades olvidadas por su distanciamiento físico de las grandes urbes y sus condiciones orográficas adversas, como la región lacandona en Chiapas, la región mixe en Oaxaca, y la región de los ríos en Tabasco, siendo en todo momento respetuosos de los usos, costumbres y creencias de todas las comunidades”, mencionó José Carlos Paredes Aquino, gerente regional de la División Sur-Sureste de la CFE, durante un encuentro con trabajadores de la institución en agosto.

En este contexto, la activista y lingüista mixe, Yásnaya Elena Aguilar Gil, escribió una columna en el periódico El País en donde cuestiona: «¿Debería preocuparnos que las antenas que llevarán internet a todo México estén dentro de campos militares? ¿Debería inquietarnos que la infraestructura para llevar internet a los pueblos indígenas esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional?». Y es que, como menciona Aguilar Gil, las radios comunitarias y en general el movimiento de comunicación de las comunidades indígenas ha batallado para que se respete su derecho a la información y la libertad de expresión.

«No deja de ser alarmante, en este contexto, que el internet al que podrán acceder muchas radios comunitarias y activistas digitales de pueblos indígenas esté mediado por antenas colocadas en campos militares (...) Los derechos digitales son considerados una extensión de los derechos humanos, si las antenas que proveen internet están en los cuarteles militares será difícil garantizar el derecho a la privacidad, al acceso neutral y seguro a internet; sobre todo ya con evidencia contundente de que la Sedena espía y vigila a la sociedad civil», menciona Yásnaya en su artículo de El País.

Una de las recomendaciones básicas de seguridad para proteger tus datos es apagar el wifi y el bluetooth de tu celular para que no se conecte automáticamente a redes en las que podrían robarte tu información. Imagínate que estás en una comunidad de la sierra oaxaqueña donde no hay conexión de celular, estás organizando una protesta en contra de los abusos de derechos humanos del Ejército mexicano y tu único punto de conexión está en un cuartel de esa institución, ¿te conectarías a esa red? ¿Le darías voluntariamente toda tu información privada al Ejército mexicano?

“El acceso a internet debería ser gratuito y abierto, sí, pero para que sea realmente libre también se debe garantizar que su conexión sea de calidad, seguro y confiable. De lo contrario, las brechas de conectividad y digitales no terminarán de estrecharse realmente, y se abre una puerta a la censura y la vigilancia. En ese sentido es vital que antes de que se empiece a implementar un proyecto de gran alcance, como lo es ‘Internet para Todos’, se haga un ejercicio de transparencia y se exponga a la sociedad civil el detalle de la estrategia y funcionamiento del proyecto”, dijo Ángela Alarcón.

No se puede desestimar que el ambicioso proyecto del presidente de llevar la conectividad a todo el territorio es algo indispensable en un país con serias desigualdades y donde, por ejemplo, apenas la mitad de la población rural es usuaria de internet. Así lo dijo el presidente López Obrador en una reunión con trabajadores de la CFE el pasado 26 de agosto: “Nosotros queremos que todos tengan acceso al internet porque va a ser una revolución en el marco de la revolución de las conciencias; estamos haciendo muchas cosas, pero lo más importante que se está haciendo es el cambio de mentalidad”. Pero tampoco se puede dejar de lado que las Fuerzas Armadas tienen un largo historial de opacidad y abusos que no han cesado en este sexenio, aunque el presidente diga que los militares son “pueblo uniformado” y ya “no violan derechos humanos”.

“Frente a la falta de transparencia y frente a lo cuestionable que es que una institución de Fuerzas Armadas se encargue de ejecutar este programa, es muy alarmante y es muy poco responsable que se estén tomando estas decisiones, sobre todo frente a una necesidad que al día de hoy representa el internet”, dice Agneris Samperi. “Es de alguna manera aprovecharse de esa necesidad para potencialmente vulnerar los derechos de las personas que se tengan que ver en la necesidad de conectarse a través de estas antenas”.

¿Existe alguna garantía de que la SEDENA no vigilará a las personas que se conecten al internet de sus cuarteles? Para Samperi, “no hay garantías, no hay certezas de que no vaya a ser una herramienta que sirva para alguna forma de espionaje. No es tanto un ‘internet para todos’, sino una herramienta útil para la SEDENA que podría ser explotada en contra de la propia ciudadanía en cualquier momento. Si la gente comienza a organizarse, por ejemplo, en Xochimilco, que es donde en medio de un canal se está contemplando poner un cuartel, si ponen una de las antenas y la propia comunidad se conecta a esta red, ¿cuál es la seguridad de que la coordinación para futuras manifestaciones de una comunidad en contra de estas autoridades no vaya a ser utilizada en contra de ellas?”.

Muchas de las buenas intenciones de este gobierno se han visto opacadas por la sombra del militarismo. El acceso a internet es un derecho humano que debe ser garantizado, en ese sentido este proyecto busca cubrir una necesidad básica en comunidades apartadas y con altos índices de pobreza. Sin embargo, poner en manos del Ejército esta labor es ignorar el pasado, las violaciones de derechos humanos y el espionaje, es dar un derecho a medias, condicionado a que el “pueblo” sacrifique otras libertades básicas en un país donde los militares van llenando, peligrosamente, todos los huecos.