Cuando los militares matan 'por error'

Del “somos estudiantes, no sicarios”, al “Ángel no huyó, la Guardia lo mató”, hay más de una década de diferencia, pero las cosas no han cambiado mucho en México entre estas dos tragedias: tres sexenios han pasado, militares siguen patrullando las calles y siguen confundiendo a universitarios desarmados con peligrosos criminales.

Hagamos memoria. En el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, en Monterrey en el año 2010, elementos de la Marina pensaron que llevaban armas y los mataron; en 2022, estudiantes “huyeron” y eso provocó “desconcierto e incertidumbre” en el elemento de la Guardia Nacional que mató al universitario guanajuatense Ángel Yael Ignacio Rangel. En ninguno de los dos sucesos hubo disparos o agresiones por parte de las víctimas, ¿cuál fue el protocolo de actuación? ¿Por qué estás tragedias siguen sucediendo? La respuesta está en la militarización de la seguridad.

Tanto organizaciones civiles defensoras de derechos humanos como especialistas lo han dicho hasta el cansancio: la militarización de la seguridad trae violaciones de derechos humanos. Los soldados actúan como soldados, no como policías. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU también lo dejó claro en su informe después de su visita a México:

Aunque el actual presidente prometió lo contrario, e incluso fue uno de los principales críticos de la estrategia de militarización de Felipe Calderón (quien, en sus palabras, “le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero”), la participación de militares en la seguridad ciudadana sigue siendo la principal estrategia del actual gobierno.

Los militares y marinos no solo siguen haciendo el trabajo que deberían hacer policías capacitadas, ahora tienen mucho más poder e influencia en el gobierno que la que tenían durante la llamada “Guerra contra el narco”: la administración de López Obrador creó una policía militarizada, la Guardia Nacional, y ha duplicado el presupuesto (de 55 mil millones en 2012 a 112 mil millones en 2021), así como las atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en relación con el sexenio del “Comandante Borolas”. Ahora los militares construyen aeropuertos, sucursales del Banco del Bienestar y participan en proyectos insignia del presidente como el Tren Maya.

Es tanta la influencia de los militares en tareas del gobierno generalmente asignadas a civiles, que los expertos en seguridad en México ahora recurren al término de “militarismo”.

Nada o muy poco ha cambiado la estrategia para combatir al narcotráfico y los grupos criminales desde el sexenio de “no más sangre”. Si el sexenio de Calderón (2006-2012) será recordado por los incidentes de violencia que asolaron al norte de México (la masacre de Villas de Salvárcar, el Casino Royale), el gobierno de López Obrador también pasará a la historia por hechos violentos como el Culiacanazo y las masacres en los velorios de Michoacán y Guanajuato. Quizá los nombres de los carteles y sus líderes son otros, pero la violencia se mantiene; con Calderón fueron Los Zetas, ahora es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante el sexenio de Calderón, elementos de la Marina trataron de hacer pasar por sicarios a dos estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, les sembraron armas y retiraron sus credenciales. En el de Andrés Manuel López Obrador, un elemento de la Guardia Nacional disparó contra dos camionetas que estaban estacionadas y se retiraron del lugar “de manera precipitada”. De nuevo, en ninguno de los casos hubo un solo disparo del lado de los estudiantes.

Los “falsos positivos” o muertes colaterales siguen ocurriendo como en la llamada guerra contra el narco, aunque en la narrativa de la 4T no se hable de guerra. Un ejemplo reciente es el caso de Lidy Villalba, una golfista y empresaria a quien mató un elemento del Ejército en los límites de Jalisco y Zacatecas apenas en marzo de este año, luego de que su chofer y escolta no se detuvo ante la orden de elementos de las fuerzas de seguridad. Esto muestra que, aunque la retórica de este gobierno sea que los militares han cambiado y son “pueblo uniformado”, la reacción de algunos elementos cuando un vehículo no hace alto o “huye” sigue siendo disparar y luego averiguar. Según esta misma retórica oficial, los militares respetan los derechos humanos porque el presidente así lo mandata, aunque los abusos siguen sucediendo: la Guardia Nacional, proyecto de seguridad con el que el presidente busca reemplazar al Ejército en las calles, acumula ya 400 quejas ante la CNDH por uso excesivo de la fuerza.

Lo que sí ha cambiado en este gobierno es el discurso: ahora no se habla de guerra sino de transformación. Una transformación en la que, supuestamente, todas las instituciones gubernamentales están inmersas y que parece llegar no con reformas en el Ejército ni en las policías, sino con el toque mágico de la moral irrefutable y contagiosa del presidente.

Casos como el de Ángel y Lidy muestran que esta moral “intachable” no es suficiente para que los militares dejen de ser militares, que actúen como policías entrenados y que respeten los derechos humanos, es decir, que dejen de hacer el trabajo que estuvieron haciendo y cómo lo estuvieron haciendo durante décadas. Es una realidad que no cambia a fuerza de decretos y buenas intenciones, es una realidad que el candidato de los “abrazos, no balazos” prometió cambiar. Y aunque el presidente se empeñe en decir que ya no hay masacres en su sexenio, lo cierto es que las tragedias y los “errores” que cuestan vidas siguen sucediendo.