«No amo a mi patria»

El Gobierno mexicano da muy poca importancia a la vida de sus ciudadanos. Cuando alguien es agredido, la primera reacción es criminalizar, lo que demuestra un menosprecio por la versión de la víctima de un hecho violento: como sucedió en enero de 2010 con la masacre de los 16 adolescentes en el barrio de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez; o con el asesinato de Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en marzo del mismo año en la capital de Nuevo León.

Si alguien murió en manos de los narcotraficantes o en medio de un tiroteo entre autoridades, la primera reacción es dudar.

El Informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es un retrato del Gobierno de este país, uno que parece odiar a sus ciudadanos. Después de leerlo, una de las conclusiones más claras es que acciones como el boteo y la toma de autobuses –una «práctica tradicional de los estudiantes de diferentes escuelas normales de México»– son expresiones que derivan resultado de una represión y segregación estructural que durante años han sufrido los estudiantes.

En el informe se cita una recomendación que hizo en 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a las autoridades mexicanas, en relación a una represión que sufrieron estudiantes que llevaban a cabo esas acciones de boteo y toma de autobuses. «Siempre que hay represión nos golpean o nos detienen», dice en el informe uno de los estudiantes. El escrito señala que hubo «un uso excesivo de fuerza y de armas, violaciones graves de derechos humanos y atención inadecuada de las víctimas». La CNDH enfatiza que las peticiones que acompañan a este tipo de manifestaciones son legítimas, pues obedecen al «deterioro y la falta de higiene de las instalaciones comunes de la escuela, cuya condición impedía el ejercicio efectivo de los derechos a la educación, salud, vivienda y desarrollo de quienes ahí conviven».

Cualquiera que haya sido detenido en México puede aportar un testimonio antagónico sobre la policía y sus abusos. Tanto a nacionales como extranjeros nos queda la impresión de que estamos más expuestos a ser agredidos por las propias autoridades que por algún grupo criminal. Y el informe del GIEI ejemplifica estas prácticas: en sus declaraciones, los policías que intervinieron en los enfrentamientos –y en la posterior desaparición de los estudiantes– niegan sus actos y se contradicen en sus versiones. Sus declaraciones suenan fabricadas para coincidir con la “verdad histórica” del Gobierno mexicano.

No sería la primera vez que nos mienten, pero en esta ocasión su versión es tan endeble que hay hasta tres diferentes historias sobre el lugar a donde fueron llevados los estudiantes. No sólo eso, expertos analizaron los restos de envases y basura en general, la vegetación y las rocas del basurero de Cocula donde –según la versión oficial– los cuerpos de los estudiantes habrían sido calcinados, pero la realidad no coincide de nuevo con la “verdad histórica” y las conclusiones arrojaron que la combustión no fue lo suficientemente potente para quemar los cuerpos de 43 estudiantes.

La impunidad permite estas mentiras. Policías y funcionarios saben que omitir información o no decir la verdad no los perjudicará, por eso la legalidad en México está tan alterada: desconfiamos de nuestras propias leyes porque los encargados de aplicarlas no las siguen. «La dilación de las autoridades para intervenir adecuadamente tuvo efectos directos sobre la ausencia de protección de los estudiantes», dice el informe.

Resultado de estas ausencias, dos violentas imágenes descritas por los testigos y por los expertos destacan de entre varias más: «Subimos al tercer autobús para ver la desgracia, vimos el pasillo lleno de sangre, en el asiento, en el primer asiento estaban los cuajos de sangre y la credencial del compañero Cochiloco, y lo que era en la parte de la ventanilla del chofer vimos pedazos de carne, como si le hubieran dado un disparo a quemarropa en esa parte y hubiera quedado carne todavía en el cristal (…) La autopsia del cuerpo de Julio César Mondragón reveló visibles muestras de tortura, arrancamiento de piel y músculos faciales, múltiples fracturas craneales así como lesiones internas con hemorragias en diferentes vísceras como consecuencia de torturas», señalan los expertos sobre el ataque.

El relato de los hechos del Gobierno mexicano de aquella noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, tiene al menos cinco imprecisiones importantes según el informe del GIEI.

La primera tiene que ver con los asesinatos de Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo (estudiantes que murieron después de que fueron desparecidos el resto de sus compañeros, mientras se hacía una improvisada rueda de prensa); la segunda con el encuentro entre los policías de Cocula con el autobús del equipo de futbol Los Avispones; otra tiene que ver con la hora en que los estudiantes son entregados al grupo criminal Guerreros Unidos; la cuarta es sobre la omisión de la detención de los estudiantes que iban en el autobús Estrella de Oro (con número 1531) en las cercanías del Palacio de Justicia; y la última tiene que ver en concreto con el autobús Estrella Roja, vehículo que la autoridad nunca registró en su investigación hasta que el GIEI le pidió que lo hiciera.

«El hecho de que el autobús no apareciera registrado en la investigación y se hubiera narrado sobre el mismo un suceso que no ocurrió (que fue destruido a la salida de la estación) es en sí mismo un elemento de sospecha. ¿Por qué se omitió? ¿Por qué no se procesó, por qué no se tomaron evidencias? ¿Por qué no se identificó hasta que el GIEI señaló su existencia?».

«Ya con anterioridad la PGR había tenido conocimiento del grave problema de seguridad que se vivía en el municipio de Iguala (…) Las informaciones proporcionadas al GIEI señalan que Iguala era un centro de tráfico muy importante. Según dichas informaciones, algunos autobuses son utilizados para transportar heroína y cocaína y el dinero obtenido de este tráfico entre Iguala y Chicago».

En los últimos ocho años, Iguala destaca como el municipio de Guerrero con mayor número de desapariciones, con más de la mitad de las registros totales del estado (55%), es decir, 82 personas desaparecidas; le sigue Cocula con diez.

Sufrimos esta dejadez y poco aprecio por la vida que se traduce en un repudio institucional, un odio de las autoridades a sus ciudadanos, sobre todo a los más pobres, los que no pueden pagar con dinero o influencias la activación del aparato burocrático que por sí solo no se mueve: «Ya va para dos años que secuestraron a una muchacha de un senador, creo (que era su) sobrina, un familiar. Mire, la buscaron a esa muchacha que por la casa pasaban. Meten un aparatito, una lucecita, hasta abajo llegaba la lucecita y donde quiera anduvieron y la encontraron. A los tres días ya estaba (de vuelta)», dice una de las madres de los normalistas en el reporte.

Recuerdo un viaje en coche de Madrid a Valencia, España, donde un ejecutivo español que trabajó en la Ciudad de México por varios años me dijo: «En México es clave tener un contacto en Gobierno». Este clientelismo ha dejado sin opciones a las clases bajas cuya manera más cercana de acceder al poder es mediante la policía o el Ejército, instituciones corrompidas por esta dinámica de las influencias: cuando se está del otro lado, se olvida del resto.

«No llegó ni un perito, no llegó ni un agente del ministerio público, ni gente de otro cuerpo policíaco, ni el Ejército mexicano estuvo presente en ese momento, nada, y a poca distancia está el cuartel de los militares», dice uno de los entrevistados en el informe. Además de los 43 desaparecidos, estos sucesos ocasionaron que más de 180 personas fueran víctimas directas de diferentes violaciones de derechos humanos, la gran mayoría de ellos jóvenes y muchos menores de edad. Los expertos del GIEI resaltan además que algunos de los estudiantes apenas llevaban dos meses de haber ingresado a la escuela.

Para solucionar el problema que derivó en una tragedia como esta se necesita trabajar por años y tener voluntad política. Los expertos del GIEI piden cambios al sistema legal, reforzar las leyes de víctimas, educar a los ciudadanos en Derechos Humanos, reformar las fuerzas de seguridad del Estado. En suma, cambios a todo el modelo institucional mexicano.

Mientras tanto, en las escuelas normalistas rurales como la de Ayotzinapa –de las 36 que existían en México, actualmente quedan 17– los jóvenes viven compartiendo literas, bañándose en pilas de agua, sembrando para obtener un ingreso extra en medio de esa desigualdad que no solo ofende, sino que agrede, agrede por que el Estado mexicano ante su ineptitud y falta de interés en solucionar los problemas de educación en las zonas más pobres del país, dejan a los jóvenes pobres absorber sus deficiencias y malos tratos.

«Parece mentira, José Emilio, que hayan pasado tantos años y todavía no hemos aprendido a no mancillar ese fulgor abstracto que alimentaba nuestra pasión por la patria», dijo el escritor Fernando del Paso en su discurso al recibir el Premio José Emilio Pacheco a la Excelencia Literaria. El autor de la reconocida novela histórica _Noticias del Imperio_ se dirigía al fallecido periodista y escritor, recordando uno de sus poemas sobre el amor a la patria y esa doble dimensión del sentimiento de pertenencia a México:

«No amo a mi patria.
Su fulgor abstracto
es inasible.»

Arranca, para luego matizar:

«Pero (aunque suene mal)
daría la vida
por diez lugares suyos,
cierta gente,
puertos, bosques de pinos, fortalezas,
una ciudad deshecha, gris, monstruosa,
varias figuras de su historia,
montañas
–y tres o cuatro ríos.»

No amo a mi patria decía Pacheco y dejaba en claro su punto al añadir que no amaba ese «fulgor abstracto», pero sí la tierra, la gente, la historia. Y es que esa es quizá la única forma de amar a México: desde lejos y a la distancia de los gritos de independencia que dan sus gobernantes, quienes, además de olvidar los nombres de nuestros ídolos patrios, se alinean en esa pasión unificadora y oficial que pide no criticar al país aunque se esté desmoronando, y aceptan a la corrupción como un problema cultural.

«Qué proyecto de país tenemos ahora. ¿Qué proyecto tienen quienes dicen gobernarlo? (…) ¿Qué vamos a hacer, qué se puede hacer con veintitrés mil desaparecidos en unos cuántos años? ¿O son veintitrés mil cuarenta y dos? ¿Y cómo sabemos quiénes son culpables? ¿O vamos a fabricar culpables por medio de la tortura, como es nuestra costumbre?», preguntaba Del Paso a Pacheco en su discurso.

El malinchismo es un término mexicano que define bastante bien esa renuencia que tenemos para cuestionar nuestro nacionalismo.

Defendemos nuestra comida, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra madre y nuestra patria, pero ahora mismo cuesta entonar el himno nacional, dar el grito o apelar a ese «fulgor abstracto» que decía Pacheco y que citaba Del Paso; por eso duele ser nacionalista y respaldar a un gobierno que mira para otro lado y obstruye el paso de sus normalistas cuando exigen legítimamente justicia.

Por eso, más que nunca, apelo a este malinchismo de Estado, a repudiar a este México que nos dejó nuestro gobierno y que da vergüenza presumir en el extranjero, por eso ahora como Pacheco digo que no amo a mi patria, solo a su tierra y a su gente, el resto es inasible e intolerable.