‘Unboxing’ del Congreso de Nuevo León

De un tiempo para acá, a la política de Monterrey se le ha atravesado la cultura del Internet y no con buenos resultados. Cada vez es más común ver políticos capaces de hacer cualquier cosa con tal de viralizarse porque, al parecer, es más fácil hacer el ridículo que hacer bien su trabajo.

Samuel García quizás sea el mayor exponente de la influencerización de la política regiomontana, pero no el único; también hemos visto desfilar a personajes como Adalberto Madero y Patricio Zambrano, quienes han forjado una carrera política —y un botín presupuestal para sus partidos— a través de la viralización.

Estas prácticas fueron documentadas recientemente por el colectivo Derecho a Gobernar. El mes pasado, en el día del padre, publicaron un análisis sarcástico sobre el comportamiento en redes sociales de congresistas locales, muy en el tono del uso que hacen políticos de sus redes. ¿La conclusión? Nuestro Congreso está integrado por un grupo estilo lady multitask.

Semanas después, El Norte retomó el tema. En el reportaje publicado el 19 de julio, el periódico señaló cómo se ha propagado la práctica de hacer “giveaways” (término marketero, “tipo bien”, para hablar de rifas) entre diputados locales.

«Lejos de usar las redes para informar sobre su trabajo legislativo, los Diputados saturan sus cuentas con recetas, tutoriales de bebidas alcohólicas, belleza y manualidades y, como si fueran influencers, suben sus rutinas de ejercicio y outfits del día», detalla la nota elaborada por Gabriela Villegas y Miriam García.

Ahora bien, no sólo es molesto y enfadoso que diputados utilicen las redes sociales para promover su imagen con fines (que pensamos son) electorales, sino que no está del todo claro quién paga por ello.

Hay muchas formas de gastar en redes sociales. La más clara es la de pagar por publicidad, lo que provoca que de repente veamos al gobernador de otro estado (por ejemplo, el de Sinaloa) anunciando sus logros de gobierno en nuestro feed.

Otra tiene que ver con la mentada “estrategia digital”, es decir, con la asesoría profesional de equipos enteros de creativos, diseñadores, productores y redactores al servicio de políticos y marcas, casi sin distinción, para que ganen seguidores, “presencia”, “brand awareness”. En el caso del branding político, esto casi siempre se traduce en estrategias que tratan de “humanizar” a los políticos —y luego por qué los vemos haciendo memes, subiéndose a dinámicas superfluas en redes sociales y, por supuesto, ofertando giveaways a cambio de obtener más seguidores.

La lógica parece ser “si todo mundo lo está haciendo, ¿por qué yo no?”: que 16 legisladores del Congreso de Nuevo León hayan organizado al menos una rifa de éstas, levanta la sospecha de que se trate más de una asesoría chafa que de falta de originalidad orgánica.

Para salir de dudas, el 22 de junio solicité en la Plataforma Nacional de Transparencia los montos que gastan en comunicación y comunicación digital cada uno de los diputados de NL, así como los contratos celebrados con empresas en estos rubros. La respuesta fue foliada con el número 00805620 hace apenas unos días.

Una buena noticia al respecto es que los grupos parlamentarios (cada partido en el Congreso) están obligados a subir sus gastos, mes con mes, a la página del congreso. La información disponible va de septiembre de 2019 a abril del 2020.

La mala es que, de acuerdo con la respuesta firmada por el Jefe de la Unidad de Transparencia del Congreso, no existen contratos en materia de comunicación:

El tema sería trivial de no ser escandaloso el gasto que realizan en redes sociales nuestros congresistas. De acuerdo con la información publicada por los propios integrantes del Congreso, durante los ocho meses de información disponible se han gastado 9 millones 125 mil 496 pesos. Esto implica un gasto de 1 millón 140 mil 687 pesos por mes, un monto mayor, por dar un ejemplo, que el del presupuesto del Fondo Editorial de Nuevo León aprobado durante 2019 o que el presupuesto de Planeación Urbana destinado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable durante el mismo periodo (ver Ley de Egresos de NL, 2019).

¿Quién gasta más? No todos los partidos en el Congreso gastan lo mismo en estos rubros. En teoría, el presupuesto asignado a cada bancada depende del número de diputados que poseen.

El artículo 49 de la ley orgánica del Congreso señala:

Los grupos legislativos más grandes son los que más gastan en estos rubros, a excepción del caso de Movimiento Ciudadano que gasta más que MORENA. Sin embargo, al hacer el análisis del gasto por diputado encontramos que los del PRI son los que gastan más en estos conceptos, y que hay casos alarmantes como el del Partido Verde: Ivonne Bustos, única diputada de este partido, en los ocho meses de información pública disponible ha gastado 217 mil 633 pesos, en otras palabras, aproximadamente 27 mil pesos al mes.

Por otro lado, los diputados de Nueva Alianza y del Partido Encuentro Social no reportan gastos en estos rubros. Esto es igualmente preocupante porque quiere decir que no consideran necesario gastar en establecer mecanismos de rendición de cuentas con sus representados. Seamos honestos, si Carlos Leal no fuera famoso por sus iniciativas retrógradas no sabríamos que hay un diputado del PES en nuestro congreso y, en el caso de Nueva Alianza, ¿se saben el nombre de los integrantes de esta bancada?

Es un hecho que nuestros congresistas perdieren tiempo y una millonada de dinero en redes sociales, ¿pero es ilegal? Hablé con Álvaro Quintero, maestrante en Corrupción y Gobernanza por la Universidad de Sussex, en Inglaterra, para despejar la duda. A fuerza de solicitudes de información, Quintero ha empujado en Jalisco que el gobierno deje de licitar la comunicación del estado a sus amigos.

“La primera cosa que tenemos que tomar aquí a considerar es que la Ley General de Transparencia [PDF] menciona que parte de las obligaciones que tienen todos los sujetos obligados del país (funcionarios y autoridades) es que transparenten el tema de comunicación social. Si está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia ya debe estar transparentando eso. El artículo 70 si mal no recuerdo”, Quintero no recuerda mal. El apartado número XXIII de ese artículo lo respalda.

El Congreso de Nuevo León tiene en la Plataforma Nacional de Transparencia la información de los Gastos de Publicidad Oficial del año de 2019. El 100% de los 133 contratos que están cargados en el sitio se asignaron por adjudicación directa (término legal para hablar de dedazos y voluntad) y se refieren a difusión de contenido. No aparecen ahí los contratos referidos al gasto reportado por grupo legislativo.

Le pregunto a Álvaro si puede haber un castigo a los congresistas por hacer perdediza la información de estos contratos.

“Desgraciadamente no”, responde tajante. “Lo más común es que los sujetos obligados en este país no estén entregando al cien esta información. Quién debería jalarle las orejas es el Instituto de Transparencia Local”, detalla.

Por otro lado, señala que en estos temas la gran ausencia tiene que ver con la regulación de la comunicación social. Según me explica, en mayo del 2018 se aprobó la Ley General de Comunicación Social [PDF] pero por quedarse corta en sus alcances, fue apodada como la “Ley Chayote” (haciendo referencia al pago que hacen los gobiernos a los medios para mantenerlos alineados).

Quintero señala que uno de los problemas con esta ley es que los Congresos locales nunca hicieron una legislación estatal que pudiera armonizarse con la federal. Esto, aún y cuando el tercer transitorio de la ley les daba 90 días a partir de su publicación para hacerlo.

“La ley se publicó en mayo del 2018 y muchos congresos, por no decir que todos, la están incumpliendo. Ahí está la primera tarea a trabajar. Es urgente que los estados tengan sus propias leyes y empiecen ya a regular esto y que se pueda decir entonces qué es lo público y qué es lo privado y para qué se puede usar la comunicación social”.

Quintero, en efecto, tiene razón. Nuevo León no cuenta con una ley estatal de comunicación social y eso permite que nuestros diputados puedan gastar tanto en redes sociales y que, lejos de rendirnos cuentas, rifen paellas, compartan recetas de micheladas o se graben bailando.

“La cosa sería ver de dónde viene el recurso con el que está regalando la paella. Hay de dos vías. Si lo hizo con el dinero de su sueldo, es el dinero privado de ella y eso lo puso de su bolsa y no es sujeto a ningún tema de responsabilidad; pero si utilizó recursos públicos para pagar la paella, ahí digamos que hay irregularidades y habría que ver el proceso de contratación para que el congreso de Nuevo León comprara la paella y todo esto”.

Pero se pone más complicado, porque no sabemos si la creación de sus posts en redes sociales nace de la creatividad de cada diputado o hay agencias de publicidad detrás diseñando lo que publican. Si el caso es el primero, es una tragedia porque están gastando muchísimo tiempo y dinero en una comunicación que se trata sobre ellos y no sobre la ciudadanía. Si el caso es el segundo, estamos frente una irregularidad que no podemos atender porque no tenemos una ley estatal que nos diga cómo podemos participar como ciudadanos y, además, tenemos un gasto millonario que llega a empresas y personas que desconocemos y cuyos contratos son declarados como “inexistentes” por la autoridad competente.

Enfada y francamente ofende ver a un congreso plagado de influencers frustrados que, en estos tiempos donde el presupuesto público es un bien escaso, no han dejado de gastar aún en plena pandemia. Si sus sueños tienen que ver con ganar likes y recibir regalos de marcas, la respuesta es muy sencilla: que se vayan a vivir sus sueños a otro lado.