Sobre la ‘ley influencer’

Cualquier legislación que atente contra la libertad de expresión en América Latina, causa temores, abre la (no tan) vieja herida de gobiernos represores y autoritarios. Pero la realidad está obligando a muchos países a legislar sobre el contenido que difunden los influencers o youtubers.

— En realidad, ¿qué pasaría si esta agua no se embotella? Es agua que…
— Se desperdiciaría.

Este es uno de los tantos datos falsos que Juanpa Zurita, youtuber y actor, dijo sobre su marca de agua de manantial. El video, de inicio, no mostraba ningún indicio de ser un anuncio, de hecho venía de una especie de revelación que había tenido el influencer (con más de 10 millones de seguidores en YouTube y más de 26 millones en Instagram) en la que, extrapolando datos, decía que el agua purificada es mala para la salud. El video ya no está en YouTube.

Pero Zurita no estaba hablando objetivamente del agua embotellada Water People, estaba haciendo un comercial y por lo tanto la información que usó fue manipulada en beneficio de su producto (en este artículo de Animal.mx se desmintieron varios de los datos que compartió el youtuber en su video). Para muchos podría parecer muy obvio que se trataba de un comercial, pero en países como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, este tipo de contenido podría haber sido sancionado.

En cambio, los youtubers e influencers en México meten publicidad “encubierta” en su contenido, venden la confianza de sus seguidores por “unos pesitos”, como ha dicho en entrevistas con medios Maximilian Murck, director de Tec-Check, una organización que junto con Supercívicos y What the Fake están promoviendo la #LeyInfluencerYA, una propuesta para regular esta publicidad engañosa de los influencers.

Los ejemplos abundan: la instagrammer Mariana Rodríguez promovió el contenido de su esposo y actual gobernador electo de Nuevo León, Samuel García; decenas de influencers postearon mensajes a favor del Partido Verde Ecologista, incluso en plena veda electoral y el día de las elecciones. Otro caso que denunció Tec-Check fue el del Hot Sale, en el que varios influencers mexicanos publicaron stories sobre la temporada de descuentos de compras en línea. En todos los casos, los influencers no transparentaron los beneficios que recibieron por publicar estos anuncios.

En el artículo 8 del Código de Ética en materia de Comercio Electrónico de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), se establece que «toda publicidad digital deberá ser veraz, comprobable, clara y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas». En el artículo 9 de la misma ley se especifica que las estrategias de comercio electrónico deben ser “identificables”.

Pero este tipo de normativas, como las hay también en España y Colombia, apuntan a la autorregulación. Y por casos como los arriba citados, es claro que este esquema no funciona.

Para organizaciones como Tec-Check es necesario que además de la autorregulación exista un organismo, de la sociedad civil y pagado por las empresas publicitarias y las que publicitan, que vigile que los influencers cumplan la ley.

El poder de la ‘influencia’

La publicidad encubierta altera la veracidad de la información y usa el poder de los influencers y youtubers para manipular de forma poco ética a personas vulnerables como niños y adolescentes, pero esta capacidad de persuadir —y que posiciona a estos líderes de opinión en un nivel similar al de un rockstar, más que el de un comunicador— también ha empujado discursos de odio y acoso selectivo.

Las mismas plataformas han planteado sus límites en cuanto al libre discurso con el surgimiento de liderazgos de corte radical en la política internacional: ahí están Trump y Bolsonaro, que difunden discursos de odio.

En estos casos, son muy claros los intereses detrás de la “influencia” de estos líderes sobre sus seguidores, pero otros como el de la youtuber YosStop, quien está en la cárcel tras ser acusada de traficar pornografía infantil por exponer videos de una menor de edad que fue violada, muestran lo complejo del panorama.

¿Habría que regular el discurso de los youtubers? Y en tal caso, ¿quién debería hacerlo? ¿Los gobiernos o las plataformas? ¿Ambos? ¿Ninguno?

La iniciativa para regular las redes sociales que propuso en febrero de 2021 el senador de Morena, Ricardo Monreal, representa una amenaza para la libertad de expresión, según la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Además de definir de forma ambigua el concepto de “redes sociales” y agregar a sitios como Wikipedia en este apartado, la propuesta planteaba que las plataformas tengan políticas para censurar contenidos bajo conceptos ambiguos como “eliminar la difusión de mensajes de odio”, “evitar la propagación de noticias falsas” y “proteger los datos personales”.

Una de las mayores preocupaciones que la organización R3D señaló en sus informes fue el rechazo de Monreal para abrir el diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Afortunadamente, la propuesta fue censurada incluso por el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El debate no es nuevo, la libertad de expresión tiene sus límites y responsabilidades que están plasmadas en legislaciones desde hace décadas. Lo que sí es nuevo es el surgimiento de liderazgos de opinión con un poder de alcance mayor al de los medios de comunicación y lo que esto representa.

Los medios están sujetos al escrutinio público, deben cumplir con el derecho a réplica, etcétera, pero, ¿los youtubers? Es cierto que con los niveles de impunidad que hay en México no se antojan nuevas leyes, pero, ¿qué pasa con este fenómeno de la comunicación? ¿Queda al margen de la ley? ¿Se puede confiar en la “buena fe” de los creadores de contenido? ¿Puede una persona estafar a sus seguidores y quedar impune? ¿Puede una influencer acosar a una menor de edad y revictimizarla sin que esto le parezca contenido inadecuado a YouTube? Por el momento no queda del todo claro y esa falta de claridad deberían debatirla los legisladores con la sociedad civil y las organizaciones que más saben del tema.