Prevención del delito, o algo así

No es —y no ha sido— fácil definir el concepto de prevención de la violencia y el delito. La literatura sobre el tema es reciente y no existe consenso sobre la serie de estrategias y actividades a las cuales se refiere. ¿Prevenir para quién? ¿Prevenir cómo?

A escasos meses de dejar la presidencia, Felipe Calderón promulgó la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y fue entonces, en 2012, cuando escuchamos por primera vez en México sobre la prevención que quedó definida de la siguiente manera:

Para efectuar esta ley, se instaló una unidad administrativa dentro del entonces Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, el presupuesto destinado a su implementación fue casi nulo.

Los intentos continuaron en 2013 con el Programa Nacional de Prevención del delito. El flamante programa anunciado por Enrique Peña Nieto contaba con un presupuesto de 118 mil millones de pesos para llevar a cabo intervenciones específicas a nivel local, involucrando hasta nueve dependencias federales: entre ellas, las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, Educación, Economía, Trabajo y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. El proyecto fue bien recibido, pues partía del entendimiento de que la prevención no es únicamente responsabilidad de la Secretaría de Seguridad sino que requiere también de la política social.

Pero la historia se repitió: cuatro años después, desapareció todo el presupuesto para el programa. Durante ese mismo sexenio, el gobierno federal implementó el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), destinando un subsidio para los municipios más afectados por la violencia.

Si bien se crearon instancias de prevención a nivel estatal y municipal en administraciones anteriores, es fecha en que la mayor parte del presupuesto de seguridad se sigue destinando a estrategias de reacción; al parecer, las acciones preventivas siempre pueden esperar.

Debemos reconocer que es un avance el que contemos con directrices e instancias cuyo objetivo es prevenir la violencia y el delito. La creación de subsecretarías o direcciones a nivel local con esta encomienda han generado un debate (por lo menos en las esferas especializadas) y hoy se cuestiona en la práctica muchos de los estándares punitivistas y violentos con los que se concibe la seguridad pública.

Sin embargo, seguimos sin definir del todo a «la prevención» y, por ende, su implementación es deficiente. Como la ley lo establece, la prevención contempla factores de riesgo que favorecen —más no condicionan— la generación de violencia y delincuencia. Algunos de esos factores de riesgo incluyen embarazo adolescente, ambientes familiares deteriorados, consumo y abuso de drogas, deserción escolar y falta de oportunidades laborales, entre otros.

Pero, ¿no serán estos síntomas y no causas? Fuera de esta lista quedan factores transversales como la falta de habilidades para el manejo de emociones y conflictos y los trastornos de salud mental.

Por otro lado, el simple hecho de ser mujer u hombre adolescente joven en México son motivo de vulnerabilidad. Así mismo, la violencia estructural reflejada principalmente en la desigualdad genera condiciones que habilitan estos factores de riesgo. Diseñar e implementar estrategias de prevención es complicado, más cuando nuestra idiosincrasia recae en la confianza en el castigo y la mano dura. Por lo tanto, promover políticas sociales en contra del machismo y la discriminación se torna casi imposible.

Ahora bien, las reformas, las narrativas o incluso algunos pequeños esfuerzos aislados no compensan la falta de seriedad que representan los escasos presupuestos destinados a la prevención. Por ejemplo, en 2020, el monto designado a la seguridad de Nuevo León fue de 13 mil millones de pesos... pero apenas el 0.16% de esta cifra fue destinada a la prevención (y esto en el segundo estado con la mayor cifra de feminicidios en el país). Lo mismo ocurre en cualquier otro estado y al nivel local, pues las estrategias que no involucran patrullas o fierros no logran ocupar el lugar que merecen.

Otro error que comúnmente se comete en la operación de los planes y proyectos es que las instancias de prevención (subsecretarías, direcciones o coordinaciones) son confundidas con ventanillas de recepción de casos difíciles. Aunque es preciso y urgente contar con espacios que atiendan a las víctimas y victimarios, es común que los mismos gobiernos —y la misma comunidad— quieran segregar a estas personas. Es necesario diseñar estrategias multidisciplinarias que acompañen a quienes han sufrido o han cometido un delito y a sus familias.

Finalmente, la prevención, más que un plan o estrategia, exige una visión distinta de la seguridad pública en la que participe toda la ciudadanía y no únicamente las policías o las fuerzas armadas. En años recientes, se ha implementado el modelo de justicia cívica en distintas municipalidades del país. Métodos alternativos de justicia, como la mediación y restauración, juegan un rol preponderante en este nuevo modelo en el que se busca entender el contexto de las personas para encontrar la sanción más adecuada.

Insistir en proyectos de prevención parece que hace cada vez más sentido en tiempos de confinamiento. Hacer frente a la violencia y a la delincuencia en México no es sencillo, pero existen todas las herramientas para hacerlo: organizaciones de la sociedad civil con décadas de experiencia, investigaciones académicas especializadas y tecnologías de información para hacer diagnósticos y seguimientos adecuados. Pero no será una realidad a menos de que se le destine presupuesto, sobre todo, mucha audacia para hacer las cosas de manera distinta.