AMLO vs AMLO — Primera Parte

Con estas palabras abrió su discurso de victoria Andrés Manuel López Obrador afuera del Hotel Hilton de la CDMX. Le acompañaba su esposa, Beatriz Gutiérrez Müeller, y una sonrisa que no podía contener. La tercera era la vencida pero resultó mucho más que eso al superar lo anecdótico: obtuvo más del 50% de la preferencia electoral, venció con más de 30 millones de votos.

El día fue histórico, la noche memorable y le pertenecía a él.

Dos años después esa euforia se ha matizado, como si la efervescencia del cambio hubiera sido sólo eso, espuma. A propósito de la celebración del segundo aniversario de su triunfo electoral, El Financiero publicó una encuesta sobre la percepción de su gobierno. Es claro que gobernar desgasta y en su caso le ha costado bajar 17 puntos en la aprobación. El estudio revela, además, que vivimos en un país partido. Los temas de corrupción, seguridad, pobreza y economía dividen —literalmente— al país en dos, pues prácticamente el 50% considera que vamos bien o muy bien y la otra mitad piensa que vamos mal, muy mal o igual que antes.

El detalle no es menor, la política en México se ha vuelto AMLOcéntrica y eso provoca que absolutamente todos los temas muten a una discusión de buenos y malos. Tan nos ha tomado por sorpresa la polarización, que incluso los analistas que defendían la posición matizada, la mentada metáfora “Corea del Centro”, han declarado su muerte. A dos años del día en que juntos hicimos historia, vale la pena mirar atrás y confrontar la realidad como Julieta Venegas nos hubiera sugerido: Si está bien, agradezco y te corresponderé • Si está mal, como nunca lloraré • Mientras tanto he puesto todo por saber.

La magnitud de la victoria del 1 de julio daba para pensar en una ruptura, aunque sea parcial, con lo que habíamos vivido —o nos habían contado—. Pasada la efervescencia, se nos confirma que estamos ante una continuidad exótica y que toda posibilidad de cambio real nunca ha pasado ni pasará únicamente por voluntad del propio gobierno.

Sin embargo, no todo sigue igual. Este gobierno trajo consigo novedades relacionadas con las formas. La polarización es, en cierta forma, una politización inédita de la sociedad; y las redes sociales revelan que sufrimos una discapacidad de diálogo. El agresivo posicionamiento que hace el presidente de la agenda pública en las mañaneras, ha servido para evidenciar las limitaciones de gran parte de los medios mexicanos. La centralización de la política ha echado luz sobre la distancia que existe, y se extiende, entre la realidad local y nacional.

Frente a ese nuevo panorama, lo único que puede crecer es la desesperanza y la confusión: en estos dos años, prácticamente se ha duplicado el porcentaje de personas que no se siente identificada con partido político alguno (pasó de 33 a 59 por ciento). El dato pone de manifiesto que el país no cambió, por el contrario, se nos revela un México con políticos (tanto los que ya estuvieron en el poder, como quienes hoy lo ostentan) que no son capaces de ofrecernos un nuevo proyecto de futuro. No hay confianza en los partidos políticos porque la 4T resultó ser un capítulo más de la cansada franquicia de la lucha por el poder, y porque la oposición vive atada a un pasado estéril de evidencias para demostrar que son mejores. No convencen ni los actuales ni los anteriores porque son decepcionantemente parecidos.

El derecho le estorba a este gobierno o mejor dicho, hay una comprensión del mismo que, lejos de tener relación con el ideal de garantizar la justicia social, se apega a la visión que hace de lo legal un campo de batalla. En otras palabras, es “un esgrima jurídico”, como dijo la secretaria Olga Sánchez Cordero (exMinistra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) para justificar el bonillazo que pretendía extender porque sí el mandato del gobernador Jaime Bonilla en Baja California.

En repetidas ocasiones el presidente ha demostrado un desprecio por la ley, pero no por voluntad de quebrantarla sino al intentar construir la idea de que el mundo real, ése que preocupa al pueblo, se construye al margen de la ley y que, por tanto, un gobierno que se debe al pueblo puede prescindir de la ley.

Así se explica el que la ley en este sexenio cambie a capricho. Se pasan leyes para que personas específicas (cof cof Paco Ignacio Taibo II) ocupen puestos de gobierno, programas sociales se suben a rango constitucional sólo porque se puede (aún y cuando todavía no podemos medir los resultados), decretos oficializan la retórica y desprecian la realidad.

Y frente al atropello legal del que hemos sido testigos, la oposición oficial, ésa que sí cobra dinero público, no logra articular una defensa decente. Atinan, eso sí, a elucubrar la idea de un futuro comunista que no vendrá de un presidente que es tan neoliberal como los de los últimos 30 años, o bien, se enfrascan en discusiones que se alejan del derecho y sólo cobran relevancia en el ámbito de la faramalla (como aquel alegato de si AMLO se va a reelegir o no). El que la oposición discuta las ocurrencias del presidente como si fueran labrados en piedra revela que, en el fondo, ellos también creen más en el poder de los dichos del presidente que en el texto de la Constitución.

La libertad empresarial en México es un concepto que aplica a muy pocos empresarios y tiene que ver con contar con privilegios intocables, sin importar el gobierno en turno.

En este gobierno se hizo explícita la injerencia de ciertos empresarios en la política a través de un Consejo Empresarial que es coordinado por el jefe de gabinete, Alfonso Romo, donde los apellidos que conforman la exclusiva lista son de los empresarios que han forjado un país sometido ante los oligopolios. Banqueros, dueños de televisoras, hijos y nietos de políticos priístas le susurran al oído a este presidente que prometió separar el poder político del económico.

Ricardo Salinas Pliego puede ser parte del Consejo del presidente y al mismo tiempo mandar decir en el noticiero de su televisora que no debemos escuchar al Subsecretario de Salud en plena pandemia. Carlos Slim puede aparecer en una mañanera elogiando la política económica del presidente y después ganar la licitación del tramo dos del Tren Maya. José María Riobóo puede ser “amigo” del presidente y, casualmente, esposo de la recién nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel.

Sumado a esto, los empresarios son obligados a asistir a una cena para pasar charola en Palacio Nacional para financiar el simulacro de rifa de un avión presidencial, y con ello pretender que nos traguemos la idea de que han ganado conciencia social.

Pese a que este gobierno estira la liga en su relación con los órganos que no controla, el Banco de México ha podido operar con el profesionalismo que le caracteriza. Con datos hasta antes de la crisis que se avecina, sabemos que en este sexenio la inflación se ha mantenido en mínimos históricos. Además, el salario mínimo ha aumentado como no habíamos visto en 40 años: en 2018 era de 88.36 pesos diarios, para el 2020 se incrementó a 123.22 pesos.

Sin embargo, la disciplina fiscal de este gobierno se ha traducido en la asfixia de la burocracia. Bajo el pretexto de la “austeridad republicana”, se ha minado la supervivencia de organismos y fondos. Centros de Investigación como el CIDE han sufrido para retener su presupuesto a un grado que ponía en riesgo su capacidad para seguir operando; el FONCA o el FIDECINE también estuvieron a punto de desaparecer. Por fortuna los casos mencionados contaron con el respaldo de una comunidad con alcance mediático, pero habrá otros cuyas historias no pudieron colarse al ciclo de noticias y será difícil saber las consecuencias de su desaparición.

En suma, el subejercicio —que se gaste menos de los presupuestado— ha sido cacareado como una victoria del gobierno, cuando en realidad revela que los presupuestos se diseñan y se aprueban independientemente de la realidad de las dependencias.

A esa inercia habrá que sumar una crisis económica producto de la pandemia, una crisis que ya se anuncia sin precedentes y frente a la que no hay ningún tipo de apoyo fiscal serio para micro y pequeños empresarios. En este rubro, lo único que ha hecho la oposición es politizar la idea de conseguir préstamos de organismos empresariales, pero se ha mostrado incapaz de presentar una propuesta económica para sobrevivir el huracán que ya tenemos encima.

Para hacer frente a los “contratos leoninos”, se renovó la Comisión Reguladora de Energía con perfiles evidentemente inexpertos. Las entrevistas de los aspirantes en el Senado ofrecieron una expansión de los límites de la ignorancia.

Por si fuera poco, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha priorizado el discurso del presidente sobre los años de planeación y prospectiva en materia energética.

La soberanía energética es un concepto que se ha manoseado desde el sexenio de Calderón. Antes se hablaba de conseguir un balance en nuestras fuentes de energía, pero en realidad se dieron contratos preferenciales a los grandes conglomerados que podían pagar las mordidas o los megaproyectos energéticos que resultaban en el desplazamiento de comunidades.

Hoy el concepto está igual de desvencijado, pero ahora la única tabla de salvación que se ofrece es la de los hidrocarburos en un contexto donde el barril de petróleo alcanzó precios negativos.

Alcanzar un sistema energético eficiente pasa por volverlo transparente. En ese sentido, buena señal el que Emilio Lozoya (exdirector de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto) esté detenido y sea extraditado a México, podría implicar una renovación del sistema.

Sin embargo, mala señal el que Manuel Bartlett (director de CFE, experto en caídas de sistemas y dinosaurio hecho y derecho) se mantenga como pieza clave en esta administración; la exoneración de uno de los funcionarios más cuestionados de la 4T, lanza la señal de que nuestro sector energético no va a optimizarse, sino que sólo va a cambiar de caciques.

La corrupción fue probablemente la bandera que llevó a Andrés Manuel a la presidencia. Sin embargo, esta administración no entiende la corrupción como un malestar sistémico, sino como un asunto de voluntad individual. La corrupción ya se terminó porque ya no trabajan los corruptos en el gobierno y fin de la discusión.

Para colmo, la oposición se cuelga de cualquier amague de corrupción en la administración para argumentar que absolutamente todo lo que dice el presidente es mentira. Esto es lo que provocan las soluciones de dientes para afuera.

Con todo, hay que decir que sí se ha marcado una diferencia en algunos casos: este gobierno no teme desdecirse cuando un nombramiento se vuelve controversial y sí se han aplicado algunos castigos a gente cercana del gobierno. Basta recordar la licitación que se le retiró a Scribe, aún y cuando su dueño forma parte del Consejo Empresarial de AMLO, o que al hijo de Bartlett sí lo acabó sancionando la Secretaría de la Función Pública por vender ventiladores a sobreprecio en plena pandemia.

Sin embargo, todavía se dan casos “a la antigüita”. Este gobierno también ha protegido a sus políticos cercanos y ha optado más bien por presentarse como víctima de teorías de la conspiración. El ejemplo más emblemático de estos dos años es el de Manuel Bartlett, pero otro caso caso que no ha recibido la misma atención mediática es el de Carlos Lomelí (quien ha hecho una fortuna vendiendo medicinas a los gobiernos, aprovechando su puesto como súperdelegado en Jalisco para obtener contratos en un claro conflicto de interés). Aunque Lomelí hoy ya no tiene puesto en el gobierno, tampoco se sabe que se haya iniciado una investigación seria en su contra.

Ni perdón ni olvido, ¿o cómo era?