La brecha que nos separa

Ante el ánimo de cambio que se manifestó con un voto abrumador el 1 de julio, se asoman los fantasmas de una ciudadanía desinteresada y ajena que no suele acompañar, vigilar ni participar en la vida pública. A pesar de que los datos han revelado una nueva verdad cuantitativa, bajo la cual podemos tomar mejores decisiones y ser más eficientes, no es suficiente. Abordar los retos urbanos y de participación ciudadana requiere mucho más que líneas de código e interfaces gráficas. 

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Diariamente estamos expuestos a la invisible complejidad del entorno (urbano, suburbano, rural) en el que vivimos, somos parte de ella, la alimentamos constantemente con cada acción consciente e inconsciente, individual y colectiva. Vivimos un vaivén político incierto y acelerado, enmarcado en una era digital que, a su vez, se caracteriza por el determinismo algorítmico, un sesgo que habilita y propaga 24/7 burbujas de información y contenidos (echo chamber) a través de las redes sociales; instigar la participación ciudadana en una atmósfera de confusión y desinformación es, claramente, una tarea monumental. 

Por un lado está el sentimiento y la percepción de que la ciudadanía no se involucra en la toma de decisiones, pues sólo una fracción de ella tiene el conocimiento, los recursos y las facultades para participar en la vida pública bajo los mecanismos existentes (o bien, se trata de una sociedad civil de élite que «habla por la totalidad de la misma»). Como consecuencia se ha creado un entorno de interacción pasiva en los asuntos comunes, con ciudadanos apáticos, desinteresados, normalizados a la permanencia del statu quo e incapaces de imaginar una realidad distinta. 

Por otra parte está la postura escéptica —y muchas veces temerosa— que mantienen funcionarios públicos sobre la posibilidad de contar con una ciudadanía incisiva, un escepticismo que abona a su desconexión con la realidad. Los ciudadanos pueden ser expertos en su localidad y contextos, sabedores de sus propias necesidades, hábitos, principios, valores y ética. La ciudadanía puede aportar la perspectiva más honesta de su propia realidad y experiencia cotidiana.

La brecha entre la ciudadanía y la administración pública también surge a partir de la complejidad en el lenguaje; opaco, encriptado, ilegible. Las autoridades dan por hecho que el expertise —conocimiento o relativa experiencia— es todo lo que se necesita para tomar buenas decisiones sobre leyes, regulaciones, programas y política pública. Se escudan en él para justificar y legitimar sus decisiones. Esta postura tecnocrática conlleva una serie de conflictos de confianza entre ambas partes, haciendo cada vez más grande la brecha. Ambas partes necesitan un cambio de mentalidades y posturas, aprender a entender y actuar mano-a-mano.

Abordar retos urbanos y de participación ciudadana requiere mucho más que líneas de código e interfaces gráficas.

Nuevas posturas y mentalidades

El siglo XXI se ha caracterizado por la abrumadora velocidad con la que se transforma el mundo a través de los avances tecnológicos. Una destrucción creadora que reta constantemente nuestra capacidad para comprender el presente, mientras transitamos rápida y constantemente hacia futuros dinámicos e inciertos. 

Hoy más de la mitad de la población global vive en ciudades y alrededor del 40% ya tiene acceso a internet. Esta era digital ha dado pie a nuevas formas de percibir y relacionarnos con nuestro entorno. Comenzamos a pensar en términos rizomáticos: sistemas económicos y de gobernanza descentralizados, apertura, colaboración e iteración como parte fundamental del bienestar común.

La capacidad de reacción y respuesta de los gobiernos ante estos cambios ha quedado completamente rebasada.

A partir de estas transformaciones han surgido plataformas tecnológicas que incentivan y propician el intercambio y la colaboración —crowdsourcing, inteligencia colectiva, crowdfunding, peer-to-peer, open source— con el potencial de ampliar la esfera de acción y responsabilidad de la ciudadanía. 

Solucionismo

A pesar del potencial transformador de estas innovaciones, un verdadero cambio sólo puede ser sostenible cuando se implementa de abajo hacia arriba. Esto implica tomar como referencia las prácticas locales exitosas y exponenciar su impacto mediante mecanismos que faciliten replicar y escalar. La imposición de estas soluciones no es opción. Abordar retos urbanos y de participación ciudadana requiere mucho más que líneas de código e interfaces gráficas.

Por sí misma, la tecnología es incapaz de resolver mágicamente los retos de la vida contemporánea. Bajo esta visión solucionista y reactiva, a lo más que podemos aspirar es a tratar de remediar síntomas de problemas cuya profundidad y complejidad exigen una nueva forma de entender y actuar.  

En palabras de Cedric Price, «la tecnología es la respuesta, pero, ¿a qué pregunta?». La tecnología, más que proponer “nuevas” soluciones debe servir para identificar problemas emergentes y preguntas esenciales.

Necesitamos ser críticos, no podemos ignorar las necesidades y el contexto de las personas, esto sólo prolongará la tecnocracia. No podemos legitimar decisiones por medio de datos e ignorar las condiciones cualitativas y experienciales del ciudadano y la ciudad. Sí, los datos han revelado una nueva verdad cuantitativa, bajo la cual podemos tomar mejores decisiones y ser más eficientes. Sin embargo, la eficiencia no es inherente al humano, el término proviene de la manufactura y la producción de objetos estáticos sin la capacidad de evolucionar. Somos seres dinámicos, hasta cierto punto caóticos, en constante cambio.

Tiempos de transición

Cambios fundamentales a cada nivel de nuestra sociedad son necesarios para enfrentar los constantes retos de nuestro entorno. La base de esta transformación social depende de interpretar de otra manera el cambio.

Si estamos conscientes de la realidad cortoplacista en la que vivimos, así como de la complejidad del vaivén político, debemos proponer mecanismos que propicien la continuidad de las iniciativas y programas. Habrá que descentralizar la responsabilidad, ya que ser ciudadanos no sólo es pertenecer a un lugar, sino que conlleva la responsabilidad de actuar en beneficio del colectivo y, como consecuencia, mejorar en lo individual y lo común. 

Necesitamos construir acuerdos de participación en lo local que rebasen la coyuntura política, acciones más allá de la iniciativa gubernamental, nuevas formas de relación entre organizaciones comunitarias e instituciones. Las instituciones necesitan un rediseño organizacional y la adquisición de la mentalidad y competencias necesarias para respaldar y apoyar procesos que, de entrada, son ajenos a la práctica tradicional de la política.

Vivimos en tiempos de transición, tiempos en los que nuestra habilidad para avanzar bajo incertidumbre, ambigüedad, caos y contradicción es imprescindible. Tiempos que exigen entender y actuar radicalmente para retar y reemplazar los paradigmas socioeconómicos y políticos existentes.